El abogado de Diego Torres pide a la Audiencia Nacional ser acusación popular contra MANOS LIMPIAS

Y siguiente golpe. Al abogado del exsocio de Urdangarin no le ha bastado con pedir a la Audiencia de Palma que verifique las actas por las que Manos Limpias se personó en Nóos. En su ofensiva contra el sindicato de Miguel Bernad, Manuel González Peeters ha pedido a la Audiencia Nacional que le permitan personarse como acción popular contra Manos Limpias en la causa que tiene abierta en el Juzgado nº1 de Madrid el juez Pedraz y en la que se investiga a Ausbanc y al líder del sindicato que ha llevado a la Infanta al banquillo de Nóos.

En un escrito al que ha tenido acceso este blog y laSextaNoticias, González Peeters asegura que su parte (defiende a Diego Torres y a la mujer de este, Ana María Tejeiro) tiene "condición de perjudicado por los desmanes (...) deliberadamente ejecutados por el pretendidamente dicho SINDICATO MANOS LIMPIAS"

La defensa de Diego Torres y Ana María Tejeiro acude a jurisprudencia, empezando por el auto por el que se admitió a trámite la querella presentada contra Banco de Madrid que legitima a la acusación particular en todo sujeto "ofendido" por la acción delictiva" y otros tres autos. Uno de la Audiencia Provincial de Castellón en la que se admite como acusación particular al Banco de Valencia, a la vez que le hace responsable civil subsidiario y otros dos autos en este mismo sentido dictados en la Audiencia Provincial de Pontevedra y en la Audiencia Nacional.

El letrado termina pidiendo "librar testimonio del auto del 18 de abril de 2016" por la que se estimó la prisión provisional sin fianza para el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y para el secretario general de Manos Limpias para incorporarlo, de este modo, en el juicio del caso Nóos. De este modo, no habría que tomarles declaración de nuevo, sino que aquello declarado ante el juez Pedraz se incorporaría en la causa que se juzga en Mallorca.

Esta petición del abogado se suma a la que ya realizó al tribunal presidido por la jueza Samantha Romero, el propio fiscal Pedro Horrach en una maniobra que se ha entendido como la última carta de la Fiscalía para librar a la hermana del Rey de escuchar sentencia.